Las cámaras de vigilancia en comunidades de propietarios son populares para reforzar la seguridad, pero deben cumplir normativas y regulaciones, como obtener consentimiento y respetar la proporcionalidad
Las cámaras de vigilancia en las comunidades de propietarios se han convertido en una herramienta cada vez más popular para reforzar la seguridad en zonas comunes. Sin embargo, es importante destacar que antes de instalar sistemas de videovigilancia en una comunidad de vecinos, se deben tener en cuenta diversas normativas y regulaciones que pueden afectar su uso y funcionamiento.
En España, la instalación de cámaras de vigilancia en espacios públicos o privados está regulada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Esta normativa establece una serie de requisitos que deben cumplir las comunidades de propietarios que deseen instalar cámaras de seguridad en su edificio.
Uno de los principales requisitos es obtener el consentimiento expreso de todos los vecinos antes de proceder a la instalación de las cámaras. Es importante destacar que este consentimiento debe ser otorgado de forma individual para cada una de las zonas comunes o espacios que se pretenden vigilar, y debe especificar claramente la finalidad de la videovigilancia.
Además, la comunidad de propietarios debe cumplir con el principio de proporcionalidad, es decir, que las cámaras de vigilancia solo deben utilizarse para el fin concreto para el que fueron instaladas, y siempre respetando los derechos fundamentales de las personas que puedan ser captadas por ellas. Por ejemplo, no se deben instalar cámaras en zonas donde se garantiza un cierto grado de privacidad, como los baños, las habitaciones o las terrazas.
La normativa establece también que la comunidad de propietarios es responsable de garantizar la correcta conservación y mantenimiento de las cámaras de vigilancia, y de asegurar que solo las personas autorizadas tengan acceso a las imágenes captadas. Además, antes de proceder a la eliminación de las imágenes, se debe asegurar que estas no puedan ser utilizadas para una finalidad distinta a la que fueron captadas.
En caso de que la comunidad de propietarios decida instalar cámaras de vigilancia sin cumplir con las normativas y regulaciones establecidas, se pueden enfrentar a graves sanciones económicas y legales, así como a posibles denuncias por parte de los vecinos afectados.
En resumen, la instalación de cámaras de vigilancia en las comunidades de propietarios puede ser una medida efectiva para garantizar la seguridad en zonas comunes, pero es importante tener en cuenta las normativas y regulaciones que afectan a su uso y funcionamiento. La comunidad de propietarios debe obtener el consentimiento expreso de todos los vecinos antes de instalar las cámaras, respetar el principio de proporcionalidad y garantizar la correcta conservación y mantenimiento de las mismas.